2X1: un Concejo Deliberante de Entre Ríos repudió el fallo de la Corte

De la redacción de INFORME DIGITAL

El Concejo Deliberante de Concordia, por unanimidad, repudió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó la Ley 24.390, también conocida como la del 2X1, y que fue derogada en 2001, a un genocida. Dicha ley reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna. La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña.

La decisión de la Corte -que fue por mayoría, 3 votos a favor contra 2- provocó una andanada de repudios en todo el país. En la provincia se expresaron en contra sectores del peronismo, el kirchnerismo, la izquierda, gremios y algunos dirigentes de Cambiemos. Hasta el propio gobernador Gustavo Bordet salió a rechazar la decisión del máximo tribunal nacional.

A esa ola de repudios se sumó este jueves el Concejo Deliberante de Concordia, que se convirtió en el primero en la provincia en sentar una postura conjunta al respecto. Lo hizo a través de una Resolución, presentada por la concejal Julia Saénz (FpV), que fue aprobada por unanimidad por los concejales de los tres bloques.

El documento expresa que la aplicación de la Ley 24.390 -derogada en 2001- en el caso Luis Muiña; deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el “2×1”. Todos coincidieron en calificar el fallo como lamentable. El tratamiento del proyecto no estuvo exento de comentarios cruzados: por un lado el FpV y el Frente Renovador vincularon el fallo con la política del Gobierno nacional, que apuntarían a “deslegitimar la lucha por los derechos humanos”; mientras que Cambiemos remarcó que la decisión fue tomada por la Corte Suprema, y no por el Gobierno.

Entre los considerandos, la resolución sostiene, que hasta ayer “era indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos. Que los mismos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes, criterio exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que la Corte Suprema ha desoído”.

La Resolución manifiesta la preocupación de que el beneficio de este fallo podría alcanzar a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.

Destacando que en este contexto, los organismos de Derechos Humanos denuncian demoras en las causas que juzgan a los genocidas, sumado a la decisión de varios juzgados federales de conceder prisión domiciliaria a unos 50 militares y policías ya condenados por delitos de lesa humanidad.

Sáenz (FPV): “el fallo de la Corte no viene descontextualizado”
La autora del proyecto, la concejal Julia Sánez (FpV), dijo en el recinto que “creo que en el día de ayer, la gran mayoría del país se vio sorprendido por esta decisión; avanzando sobre este pacto social que la comunidad construyó en relación a los Derechos Humanos. Un pacto social generado en base a políticas públicas que fueran asegurando avances contra la impunidad. Políticas de memoria y de verdad. Como sociedad hemos tenido muchos desacuerdos, han sido 40 años en los que buscamos acordar como leemos este proceso que se dio en la Argentina, que tiene sus responsables y que aún tiene pendiente muchas luchas: aún no han sido condenados todos los genocidas, no han aparecido todos los nietos, no sabemos que pasó con nuestros desaparecidos. Sin embargo había una base de acuerdo, que era cómo la Justicia debía proceder ante estos genocidas”.

En ese sentido, afirmó que “el avance que ayer hizo la Corte no viene descontextualizado, sino acompañado de políticas a nivel nacional que van desde haber deslegitimado la lucha de los DD.HH. y hablar de que son un “curro” a iniciativas más concretas que implican dejar libres a estos genocidas condenados. Y a aquellos que aún no han sido juzgados darles la posibilidad de que ni siquiera pisen la cárcel”.

Benítez (Cambiemos): “ha sido una decisión lamentable de la Corte”
Por su parte, el concejal Esteban Benítez (Cambiemos), remarcó que el fallo fue una decisión “lamentable” de la Corte Suprema: “ha sido una decisión lamentable de la Corte Suprema de Justicia. Hoy hemos logrado la unanimidad porque entendemos que considerar los delitos de lesa humanidad como un delito común y volver a tratar una ley que ya estaba derogada desde el año 2001, es una decisión aberrante a mi juicio. Sinceramente creo que se deberían agotar todas las instancias y los reclamos de todos los organismos de Derechos Humanos y de las agrupaciones políticas, para lograr derogar este fallo de la Corte Suprema”.

“La Justicia en este último tiempo nos está dando muestras de un accionar realmente lamentable. Lo vimos en casos de delitos comunes donde se otorgó la libertad a personas que no se merecían este beneficio y que no se entiende porque lo obtuvieron. Pero en estos casos se trata de criminales que van a recibir una especie de inmunidad. Es una situación comparable a la amnistía hecha por Menem en la década del 90, que deja a una porción de nuestra historia sin memoria”, dijo.

Cedro (UNA Frente Renovador): “nos parece preocupante”
El concejal massista Daniel Cedro también rechazó la sentencia del máximo tribunal del país y, al igual que el FpV, aseguró que se produce en un contexto de “retorceso” en materia de derechos humanos como política de Estado.

“En principio nos parece preocupante toda esta escalada en contra de una política de DDHH que se venía desarrollando, que nosotros acompañamos por convicciones personales y fundamentalmente por una búsqueda de Justicia y Verdad. Me parece preocupante que la Corte haya hecho malabares a los efectos de beneficiar a los genocidas. Porque si vamos a los antecedentes de esta Ley del “2×1″ tenemos que destacar que se hizo en un contexto de crisis del sistema, en el que había una tardanza excesiva en los trámites de causa y también una superpoblación carcelaria. Pero esta situación contempla cuestiones distintas. Porque se trata de delitos de muchísima gravedad como es un genocidio del Estado y de personas que durante muchísimos años trataron de evadir la Justicia”, dijo el edil.

“Es grave que la Corte Suprema de Justicia que debe velar por la seguridad jurídica haga un retroceso tan grande en relación a la política de Derechos Humanos. Un retroceso que viene acompañado de un ataque que se viene sosteniendo desde el gobierno de Macri; tiene que ver con la discusión de los 30.000 desaparecidos, con el tema del “curro”, todo en contra de una política que se desarrolló no sólo en los últimos años sino desde la época de Alfonsín”, finalizó.

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